1936. La hora de las Izquierdas.

Las fiestas de San Vicente de 1936 fueron deslucidas por la lluvia según La Provincia, y aunque una tregua permitió la procesión del Santo Patrón, impidió la celebración del resto de los festejos del 23, 24 y 25, incluidas las dos novilladas. Debió ser un mal presagio, con la salvedad de:

“Los grandes bailes celebrados en los casinos Centro benéfico y Centro Republicano Radical habiendo actuado en el primero un acertado terceto y en el segundo la armónica orquestina Extremeña”

En el posicionamiento político de cara a las elecciones de febrero, no estaban los Republicanos Radicales para fiestas. Desmoralizados por la experiencia de gobierno y los débitos a la Hacienda Provincial, desaparecen de la vida pública y del Ayuntamiento. Es posible, siguiendo a Álvarez Rey y Ruiz Sánchez, que dada la fuerza que Burgos y Mazo tuvo en el pasado en la localidad, estos fuesen sus antiguos partidarios transformados al radicalismo, pero este extremo no ha podido ser confirmado, y, en cualquier caso, parece que poseen un ascendente más republicano que conservador. En el mismo sentido, los agrarios del viejo cacique moguereño, de gran tradición en Lucena, que concurrieron separados de la CEDA a las elecciones de febrero, no obtuvieron ningún resultado, ni fueron capaces de movilizar a sus antiguos partidarios, entre los cuales se encontraba el concejal Diego Gómez Cruz, reconvertido monárquico, y para nada partidario de los radicales.

Tal vez por ello, pese a la presencia de los Pérez de Guzmán y Urzaiz en la hacienda de la Luz, el comité de Acción Popular en Lucena no se conforma hasta 1935. Es probable, que tras la incorporación de Pérez de Guzmán a la CEDA, sus partidarios radicales siguieran el mismo camino, aunque los resultados tampoco les acompañaron. No nos consta que su familiar Joaquín Urzaiz Cadaval, tío o primo del anterior, propietario también de la Hacienda de la Luz y Ministro de Estado, mantuviera similares relaciones, pero fue quién ganó las elecciones en Lucena en número absoluto de votos pese al aplastante  triunfo global de la candidatura del Frente Popular.

La izquierda, a través del sindicato de agricultores de UGT y una desconocida Izquierda Republicana, capitalizan un descontento que es ya palpable antes de las elecciones. El mitin previsto por la izquierda para el día 12 fue suspendido por el Alcalde, lo que fue recogido por La Provincia en la sección de Entrevista con el Gobernador Civil:

“A preguntas de los periodistas sobre el hecho de no haberse podido celebrar en Lucena del Puerto un mitin de Unión Republicana por no permitirlo el Alcalde, contestó el gobernador que se ocupa de todas las denuncias que se le van formulando para evitar se motiven reclamaciones de las cuales no puede culpársele.”

En la misma sección y diario del día 14, el Gobernador volvió a referirse al mismo hecho, pero sin aclarar el contenido, ni los sucesos:

“Otros de izquierdas me visitaron refiriéndose a cosas ocurridas en Niebla, Lucena y Puebla de Guzmán. Atendiéndolos he adoptado las medidas necesarias para que los hechos referidos y que me fueron denunciados no se repitan”.

Los resultados locales fueron los siguientes:

           

Candidatura del Frente Popular	Partido	Votos
González Peña	PSOE	542
Santiago López	U.R.	110
Crescencio Bilbao	PSOE	542
Cordero Bell	Federal	545
Juan Gutiérrez Prieto	PSOE	544
Candidatura de Centro-Derecha
Joaquín Urzaiz Cadaval	Centro	656
Dionisio Cano López	Independiente	11
Francisco Pérez de Guzmán y Urzaiz	CEDA	11
Manuel Sánchez- Dalp	CEDA	11
Rey Mora	Radical	11

             

Nombrado el nuevo Gobernador civil de la Provincia el día 20, el 21 ordena la reposición de cargos depuestos en 1934, que no era el caso, y el nombramiento de nuevos concejales, ordenados por delegados de su autoridad el día anterior, y designa alcalde accidental a d. Fermín Granado Hinestrosa. Por consiguiente, la corporación de 1936 no fue elegida por los ciudadanos.

La sesión de 22 de febrero puede calificarse de extraña, puesto que concurren el nuevo alcalde y los concejales de la corporación anterior, Antonio Moro, Diego Reales, José Cantalapiedra, Honorio Garrido y José Vivas Pulido (exalcalde). Este último le pide encarecidamente que por todos los medios a su alcance pague la contribución territorial de los montes de propios.

Los nuevos concejales, 5 socialistas y 4 de Izquierda Republicana, son todos próximos al Sindicato de Agricultores, de cuyo núcleo debieron surgir. De las actividades anteriores, organización y afiliación no sabemos nada, pero no está de más hacer mención expresa a su carácter socialista, ya que este tipo de sindicatos locales recogían filiaciones diversas, funcionaban relativamente autónomos y parece que no existía una conexión directa con el PSOE, pese a representarlo.

En la toma de posesión del 26 de febrero, se ratificó el nombramiento del Alcalde y se nombraron tenientes de Alcalde a Paulino Roldán Orihuela, por Izquierda Republicana, y a José Conde Guerrero, por los socialistas. Manos a la obra, la labor de la corporación en lo político-administrativo puede calificarse me mero trámite. No hubo tiempo y la situación “precaria y ruinosa porque atraviesa el erario municipal”, dejó poco margen de actuación. En principio se suspenden a los tres guardas y el depositario municipal, el secretario pide licencia,  luego no se incorpora y se ordena la inspección de las cuentas. Posteriormente se informa de irregularidades administrativas, partidas en blanco, consignaciones sin cantidad, notas justificativas sin respaldo escrito y tachaduras y enmiendas, concluyendo:

“se trata no solamente faltas de formas, desaciertos administrativos, falsedades, malversaciones y faltas de ingresos, sino ya de cierto descaro y desprecio a toda ley y a toda regla legal y moral”.

 Y como no podía ser de otra manera se solicita al Gobernador Civil el nombramiento de un delegado de su autoridad que, con atribuciones especiales, depure y exija responsabilidades. En la sesión de 10 de abril se habla ya de clara de malversación, se hacen responsables a los alcaldes anteriores y a los secretarios, y se les otorga un plazo de reposición de diez días para la devolución de fondos y “de no verificarlo, se proceda a su cobro ejecutivamente sin más aviso”. Sin embargo, cuando se hace causa en el juzgado de Moguer, el ayuntamiento decide no mostrarse parte.

El programa de dotación de las escuelas públicas, repartos de tierra, con algunas parcelas aún por deslindar, y obras, se paralizan. La municipalización del servicio  de alumbrado, que según el alcalde sólo había servido para rencillas políticas y partidistas, acuerdan no realizarla con el voto en contra del concejal Vicente Ruiz Garrochena, que dimite por ello y se acepta. El 17 de abril se recogen en actas las dimisiones de Vicente Ojuelos Gómez, Jerónimo Ojuelos Vivas y Vicente Ruiz (por segunda vez), sin explicación alguna, aunque parece ser relacionadas con el asunto de la municipalización, lo que les valió el apelativo de “comunistas”.

En lo social, la cuestión estuvo más movida. Una comunicación de 23 de marzo del Gobernador Civil autoriza al Alcalde para que acompañado por las fuerzas del orden realice registros domiciliarios entre los desafectos al régimen que “hayan podido infundir sospechas de los hechos denunciados”. Desconocemos tales hechos, pero debieron ser graves para autorizar los registros domiciliarios, y es posible que tales registros se practicaran en casa del médico local, d. Bartolomé Pulido Dávila, precisamente por lo contrario, radicalismo de izquierdas, pues el Alcalde le acusa de que “alentaba a las masas” y sospechaba “pudiera tener elementos explosivos”. La misma correspondencia oficial informa de un incendio en la finca Hacienda de la Luz y la corta de 20 olivos, (18 y 19 de abril), sin duda ambos hechos relacionados con el Decreto de laboreo forzoso y una nueva ejecutiva del sindicato de agricultores de Domingo Domínguez, bajo cuya dirección pudieron producirse ocupaciones de las fincas de la Luz y la de los señores Prieto de Bonares.  Las requisas de arados y aperos en los montes continúan.

En este clima se produjo el desalojo de la iglesia parroquial para convertirla en escuela, un hecho que se llevó a cabo por concejales de la corporación, en orden, y previo reparto de los Santos por domicilios particulares, y “decían que lo hacían así porque iban a venir elementos de fuera a quemarla”. Más gravedad para el orden público constituyó la huelga general declarada en la localidad el 29 de mayo por el impago de tres salarios a los doce braceros enviados allí por la oficina de colocación. La petición del secretario general del sindicato al Alcalde de elevar el asunto a la primera autoridad de la provincia del 26 de mayo, fue desbordada por otra posterior del comité de huelga que otorgó un plazo de 48 horas a la Alcaldía para solucionar el problema. Pese a las informaciones aparecidas en La Provincia sobre la resolución del conflicto, “de tal tendencia a mejorar que incluso creía el gobernador que ya estaba resuelta”, entre el 29 y el 2 de junio se producen  10 detenciones por coacciones de significados dirigentes sindicales entre los que se encuentran 5 concejales y exconcejales, Vicente Ruiz (30 mayo), Paulino Roldán, Vicente Moreno, miembros también del comité de huelga,  Vicente Ojuelos y Francisco Contreras (2 de junio). Según las noticias orales recogidas, los piquetes, bajo la dirección del sindicato impidieron el trabajo colocándose en las salidas de la población a las órdenes de los propios concejales. Puestos estos a disposición judicial, los cuatro últimos, pese a las dimisiones, quedaron a disposición del Alcalde. Las comunicaciones a la hacienda de la Luz para la colocación de los braceros continúan en junio.

En este clima, las sesiones plenarias de mayo y junio, hasta el 13, son de mero trámite, con acuerdos de escaso calado. Después no hay actas, probablemente porque no dio tiempo a su transcripción, pero en cambio se conservan la mayoría de los telegramas originales sobre el golpe de estado y las llamadas al orden del Gobierno Civil “procurando evitar incendios y actos de sabotaje”.

Por tradición oral conocemos que, dado que el avance rebelde provenía de Sevilla, se intentó una línea de defensa con una trinchera en las proximidades del cementerio, una idea posteriormente desechada. En el mismo sentido, las declaraciones de los expedientes carcelarios reconocen la llegada de una partida de hombres armados con explosivos para asaltar la iglesia y  para volar un puente, probablemente el situado a la salida de Moguer en el arroyo de La Pasadera, hecho impedido por los dirigentes locales Vicente Ruiz y Vicente Moreno, según declaran ambos. Por las mismas fuentes conocemos que se produjo un asalto, con pérdida de ganado, trigo y aceite, en la hacienda de la Luz en el que participaron algunos vecinos por orden del sindicato. Según las declaraciones de testigos de los expedientes carcelarios, se requirió a los elementos locales más significativos de la oposición que aportasen “voluntariamente” comida, se les confiscó armas de fuego y se les recluyó en la cárcel municipal o en sus domicilios a cargo de los concejales, pero no es menos cierto que nadie sufrió daños e, incluso, no se produjeron altercados en el núcleo urbano. Es más el exalcalde constitucional, Fermín Granados, afirma haber protegido a gentes venidas de fuera entre las que se encontraban el administrador del cortijo de la Ruiza y el propio párroco de Lucena, y acusa al primer teniente de alcalde de los hechos extremistas.

El 24 de junio las fuerzas del Comandante Ramón de Carranza tomaron el pueblo sin resistencia, y abandonado por los elementos de izquierda que se refugiaron en los montes por motivos evidentes de seguridad. Cuando las fuerzas de Carranza entraban por la carretera de Bonares, el segundo teniente de alcalde d. José Conde Guerrero se suicidó de un tiro en la sien, constituyendo la primera víctima de la guerra civil en la localidad.

Lucena del Puerto en la Segunda República (1931-1936).

Constituido el nuevo Ayuntamiento el 17 de abril de 1931 con los seis concejales republicanos elegidos (no participaron los tres concejales monárquicos) resultó elegido Alcalde José Vivas Pulido, Ex-alcalde en la corporación de 1909, concejal entre 1909 y 1911 y 1929-30, muy próximo al republicanismo radical lerruxiano, al que parece que llegó de manos de los hermanos Reales.

No en vano Lucena del Puerto había tenido ya dos alcaldes republicanos al final de la monarquía, y recibió una de las primeras visitas institucionales del nuevo Gobernador Civil, Victoriano Maesso, que se celebró en un ambiente festivo acompañado por el comité Republicano Local.

No existen actas de Pleno del periodo 1931-1933, pero hemos podido sustituirlas por las de la Comisión Permanente y la correspondencia, y por lo que hemos podido deducir existen pocas diferencias entre unas y otras, toda vez que la Comisión trata y prepara los mismos temas que se tocan en el Pleno, aunque no recogen las propuestas de la oposición.

El nuevo gobierno  municipal acomete  los mismos problemas locales heredados del periodo anterior, falta de cementerio, carencias de alumbrado público, a los que se unen los problemas de la joven República, falta de financiación, paro obrero y conflictividad social, aunque progresivamente las actas se van centrando en el problema de la tierra y los montes públicos. En efecto, en enero de 1933 se recogen 338 peticiones de parcelas en Montes Públicos según el procedimiento dictado por la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de Octubre de 1932 a “título intransferible” y previo pago de un canon anual. No se trata de parcelas de rozas, que continúan otorgándose,  finalmente se estima en este caso la adjudicación administrativa, sin perder la titularidad, “con el carácter de intransferible y vitalicia, con derecho a prorrogarla en favor de uno de sus herederos legítimos”. El resto de las condiciones de la Orden también se cumplían, no otorgar más del 20 por ciento de la superficie municipal, la inexistencia de repoblado joven de más de 20 árboles por hectárea, obtener un rendimiento superior al que en ese momento tenían, no perjudicar a la ganadería, que debe quedar garantizada, y contribuir a los intereses de la hacienda municipal con el pago de las 2,71 pesetas por hectárea.

A los 303 agraciados, se les tomó data en las propias actas municipales entre junio y julio de 1934, con límites y número de hectáreas por concesión, y se procedió al señalamiento, y probablemente a la ocupación, en un clima de aumento de la conflictividad social según podemos deducir de las requisas de arados y material agrícola y las propias denuncias de montes, aunque hemos de reconocer que no son muchas las que nos han llegado. Sin embargo, en noviembre de 1935 con base en el Decreto de 30 de enero de 1935 se procede al señalamiento para 262 parcelistas, derivados sin lugar a dudas de la relación anterior y febrero de 1936 se da cuenta al pleno de la nueva ordenanza aprobada por la corporación sobre “ocupaciones y cultivos de terrenos comunales”, otorgándose todas las parcelas anteriores, ya señaladas, y nombrándose una comisión formada por el ingeniero de Montes y el concejal d. Antonio Mora Rodríguez para extender los contratos y convenios. Pese a todo ello, la conflictividad social sigue en aumento como después veremos.

El segundo gran problema que encona la vida de la localidad y la del Ayuntamiento es el de la electricidad. El enfrentamiento es político, social y personal y arranca desde la propia toma de posesión. Al frente de los concejales monárquicos está d. Diego Gómez Cruz (Alcalde en la corporación de 1924), familiar directo del primer regidor, y propietario de la fábrica de fluido eléctrico “Electro-Molinera La Esperanza” desde diciembre de 1932. Tras negarse a tomar posesión con los otros concejales, solicitan en varias ocasiones sus actas, siendo rechazados por el Pleno que eleva consultas a la superioridad. En julio de 1932 recurren al Gobernador Civil que pide informe al Alcalde, que en una memoria anexa al escrito manifiesta,

“….debo informarle que esos tres sres., enemigos al régimen actual, pretenden airosamente formar parte de la Corporación Municipal de esta villa con el objeto exclusivamente de perturbar la buena marcha administrativa de la misma”.

Cuando en Agosto de 1933, un año después, ocupan sus cargos, el enfrentamiento alcanza proporciones considerables. En mayo de 1933 se propone la municipalización del servicio de alumbrado público retomando acuerdos anteriores de 1931, 1932 y enero de este mismo año al respecto, acordando poner el asunto en manos del abogado Antonio Vázquez Limón. A partir de este momento se ponen trabas a los propietarios en la licencias para casetas de alumbrado, no se autorizan la reforma de las palometas en edificios particulares y se propone una comisión técnica para llevar a cabo el acuerdo. En el nombramiento de los individuos integrantes de esta comisión d. Diego Gómez recusa al Alcalde, y este lo recusa a él, por “socio de una de empresa que se trata de expropiar”, y a Honorio Vivas, por pariente de Juan Vivas, propietario de la otra empresa. Diego Gómez “no se da por recusado por estar dentro de la ley”  y el concejal Antonio Pérez Vivas se recusa a sí mismo por ser pariente también de Juan Vivas. En el acuerdo sólo participan 5 concejales.

El municipio se opone a cualquier modificación o mejora de la central eléctrica, incluido el cambio de corriente alterna a continua, por incrementar el precio de expropiación, y el concesionario contraataca con recursos contenciosos-administrativos, con permisos gubernativos del Gobierno Civil y adquiriendo la fábrica de la competencia Juan Vivas con la que el municipio mantiene el contrato de alumbrado público. Con el arma del monopolio, según el Alcalde, la sociedad presiona al consistorio y a los vecinos:

“de todos es conocida la actitud en que se ha colocado la expresada sociedad con los vecinos, pues no queda un solo día en que la alcaldía tenga que intervenir por las quejas formuladas en el precio de las tarifas impuestas y coste de fluido”.

Desde diciembre se amenaza a la corporación con el cese del contrato eléctrico por falta de pago, y aunque el Ayuntamiento reconoce la deuda, y recurre a la mediación del Gobernador Civil, se reitera un escrito de denuncia dos días antes de iniciarse las fiestas patronales. En la presentación de las conclusiones de la comisión técnica para el anteproyecto de municipalización, defendido por José Domínguez Pulido, médico local, la empresa encontró un aliado ya que la recomendación es negativa,  en atención a su elevado coste, 25.500 pesetas, sin incluir los gastos del Tesoro Público y la contribución industrial, el aumento de las tarifas, y la no  mejorará del servicio que en la actualidad disfrutan “como el mejor de la provincia”. Sin embargo se vota el proyecto y gana la municipalización por seis votos a favor y tres en contra.

La incipiente izquierda, socialistas e izquierda republicana, parece que se manifestaban también a favor siguiendo los designios de la calle, aunque tampoco la llevarían a cabo posteriormente. Los concejales del propio equipo de gobierno, tras el acuerdo y conocer los costes de la expropiación, piden explicaciones al Alcalde sobre las inversiones de las décimas del paro obrero y el 20 por ciento de los propios destinado a mejoras de montes, requiriéndole a presentar las cuentas de febrero a abril de 1935. En varias ocasiones anteriores le conminan, por boca de Jerónimo Garrido, primer teniente de alcalde, a  no realizar gastos no incluidos en los presupuestos. La tensión se palpa perfectamente en las propias actas de cabildo y parece que existe un ambiente enrarecido entre los republicanos..

Tras la dimisión del Alcalde por su avanzada edad en septiembre de 1935 y la elección de d. Jerónimo Garrido Moro, previa mediación del Gobernador Civil, se pacta el pago de la deuda a razón de 700 pesetas antes de finalizar el año y mil pesetas anuales en los próximos presupuestos, y se firma el contrato por un año en espera de acometer la expropiación. En noviembre de 1935 se propone un crédito extraordinario al Banco de Crédito Local de 30.000 pesetas para realizarla, que no llegó a formalizarse.

Estos asuntos de tanto calado e importancia, dejan en segundo plano otros que por su tratamiento más somero no deben de quedarse en el tintero. La familia Pérez de Guzmán se dirige en varias ocasiones al alcalde para ejecutar la última voluntad de d. José sobre el cementerio, y la corporación gira incluso varias visitas al domicilio de su hermano Luis para ejecutarla. La familia exige, por ser parte de la última voluntad, la construcción de una capilla a su memoria y se compromete a costear las obras de esta y el cementerio, pero la corporación advierte que el Estado no lo consentirá “con arreglo a la nueva Ley” y decide elevar consulta jurídica. El asunto acaba paralizado, pues la consulta realizada a la Revista Técnica de la Administración manifiesta de manera tajante que “para los actos religiosos en general no puede hacerse capilla alguna en dicho cementerio en virtud de disposiciones vigentes, pero en atención a la familia del donante puede hacerse dentro del recinto del cementerio un panteón familiar y dentro de este su capilla que sirva tan sólo para la familia”. En el mismo sentido, se toma acuerdo del deplorable estado del cementerio municipal y se encarga proyecto al arquitecto José María Pérez Carasa, pero tampoco se ejecuta.

La preocupación por el paro obrero es constante, como lo son las ocupaciones de montes; lo novedoso serán las respuestas de los interesados, cada vez más duras y audaces. Pese a ello, estos episodios deben interpretarse en clave social y no política, debiendo esperar a la constitución del sindicato de agricultores (UGT)  que “aparecerá” súbitamente en 1936, para la articulación de un programa obrero coherente.

La última de las claves de este periodo es la crisis de la hacienda municipal, que evidentemente entronca con todos los problemas anteriores y los agrava. La décima del paro obrero se deduce del contenido de los acuerdos que había sido secuestrada más de una vez entre 1931 y 1935, así como los fondos de montes de propios y otras cantidades. En varias ocasiones, que sería tedioso enumerar, se paralizan o ralentizan proyectos municipales por falta de fondos, y no se pagan los contratos de alumbrado y  los sueldos de los funcionarios. En 1935 la crisis alcanza proporciones alarmantes:

“A todos consta que para poder llevar a efecto la misma (festividad del Patrón) con lucimiento y debido a la situación financiera del municipio han tenido que recurrir a personas que desinteresadamente se han prestado en ayudar con una pequeña cantidad o mejor dicho que se han satisfecho recibos de gastos forzosos de las fiestas, como d. Juan Reales Carrasco, que ha pagado los correspondientes a música, alumbrado extraordinario y al tomador Bendala, importando la suma de cuatrocientas ochenta y siete pesetas, cincuenta céntimos, y el exponente (Jerónimo Garrido) la cantidad de ciento diez pesetas, cuarenta y cinco céntimos, de construcción de plaza de toros.”

El nuevo gobierno municipal de Jerónimo Garrido, ante la inminencia de elecciones en febrero de 1936, reconoce el déficit de los presupuestos municipales de 1931, 1932, 1933, 1934 y 1935, debido a que faltaron los ingresos correspondientes a los aprovechamientos de montes (otro síntoma más de la osadía de los colonos, que no pagan) y no haberse cubierto la contribución territorial de los propios. La Hacienda Pública hace responsables a los regidores, en vía de apremio y con recargos, lo que no consideran ni justo, ni moral, ni imputable a ellos. El Alcalde propone la solución de un préstamo sin intereses de 11.500 pesetas a pagar en tres anualidades del presupuesto, y adelanta a la corporación que ha hecho gestiones encaminadas a la obtención del crédito  de los siguientes vecinos de la  localidad,

Manuel Pérez de Guzmán y Urzaiz ………. 2012,50 ptas.

Juan Reales Carrasco……………………… 2012,50 “

Antonio Reales Carrasco………………….. 2012,50 “

Antonio Regidor Vivas…………………….  502,50 “

José Acebedo Guerrero…………………….  262,50 “

Antonio Mora Conde……………………… 1012,50 “

Manuel Cantalapiedra Martín………………  412,50 “

Vicente Moro Moro………………………… 775,50 “

Juan Garrido Moreno……………………….  112,50 “

Vicente Pérez Moro…………………………1362,50 “

Manuel Reales Vivas………………………. 1512,50 “

                                                    --------------

                                                     11.500,50 ptas.

Concejales, exconcejales, republicanos radicales y familiares en defensa de la corporación, a los que se suma el hermano del candidato de la CEDA, Manuel Pérez de Guzmán, con evidentes vínculos locales, si bien no nacido en la Hacienda de la Luz, criado en ella. Aún asistimos a un último acto, celebradas ya las elecciones, de petición de pago de los arbitrios municipales a los recaudadores en cierto clima ya de tensión en el municipio.

Alcaldes Republicanos luceneros al final del reinado de Alfonso XIII.

El final de la dictadura de Primo de Rivera en Lucena del Puerto coincide con un periodo de inestabilidad política y de ciertas paradojas en las que es necesario detenerse por las implicaciones políticas que acarrean, ya que Lucena del Puerto tuvo dos alcaldes republicanos antes de la proclamación de la República.

La historia es larga y arranca con la corporación de 1926, presidida por d. Diego Gómez Cruz, que fue reelegida por 123 votos a favor por el procedimiento de firma o dos “testigos a ruego”, para los que no saben escribir, en el denominado plebiscito municipal. Sin embargo, apenas unos meses después se produce la dimisión del Alcalde, según manifiesta por motivos de salud,   que es acompañada por la de todos los concejales a los que el Secretario municipal debe apercibir que no está facultado para recibirlas, elevando consultas al Gobierno Civil. La dimisión es finalmente aceptada en diciembre de 1928, ocupando el cargo de Alcalde d. Vicente Pérez Moro, pero de nuevo se produce las dimisiones de los concejales d. Alfonso Regidor Cantalapiedra y d. Vicente Moro Moro, que tampoco procedían según el Secretario Municipal.

El puesto de concejal del dimitido Alcalde fue ocupado unos meses después por Manuel Antonio Reales Carrasco, conocido republicano, como después veremos, y designado a la postre  Alcalde en enero de 1929 con dos votos en blanco. Como quiera que la dimisión de los dos concejales anteriores no fue aceptada, ambos se dirigieron al gobierno civil, dando cuenta de ella al pleno el 18 de enero de 1929. Sus puestos fueron ocupados en febrero por d. Jerónimo Garrido Moreno y d. José María Cantalapiedra Martín, también conocidos republicanos. Aún se asiste a una dimisión más, la de Juan Domínguez Pulido, que quedó vacante, todas ellas relacionadas con la elección del nuevo Alcalde, y probablemente su carácter republicano. Las actas, sospechosamente, se interrumpen hasta septiembre en el libro capitular, sin faltas de origen, reanudándose posteriormente tras la rehabilitación del secretario José Regidor Mora, absuelto de los cargos de malversación que se le imputaban.

En febrero de 1930 se produce la constitución del último Ayuntamiento, tras la dimisión del dictador Primo de Rivera y tras la formación del Gobierno Berenguer, en enero del mismo año. La vuelta a la normalidad constitucional, según se pretendía, se realizó mediante el Real Decreto del Ministerio de la Gobernación de 15 de febrero, que en su artículo 9 establecía el nombramiento de cinco exconcejales de los años 1917-1922, y los seis mayores contribuyentes. La votación, con los antecedentes que hemos expuesto, estuvo reñida, “mayoría absoluta, o sea, seis votos a favor de D. Francisco García Garrido y cinco papeletas en blanco”. Le acompañan en la corporación los  tenientes alcaldes Nicolás Garrido Moro, inhabilitado el año antes, y ahora rehabilitado, y Manuel Pascual Torres Regidor, ambos, con el Alcalde, la vieja guardia del Partico Conservador en el poder desde 1909. En el acta, los concejales d. Juan Reales Carrasco y Don Antonio Pulido Ruiz formulan protesta y reclamación, y aunque se reservan los motivos, esta debió prosperar, puesto que en la sesión de 19 de Mayo de 1930 se recoge lo siguiente:

“el objeto de la misma era dar posesión de concejales a los vecinos de la villa d. Vicente Pérez Moro y d. Manuel Antonio Reales Carrasco, los cuales han de ocupar los puestos de d. Diego Gómez Garrido y d. Vicente Moro Moro. Además queda una vacante de concejal por haberla renunciado d. Manuel Morales Gómez,  la cual corresponde cubrirla al vecino de esta villa d. Diego Vivas García, toda vez que es el cuarto mayor contribuyente.......”.

                            

Seguidamente se procedió de nuevo a la constitución del Ayuntamiento y a la elección de Alcalde y “resultó elegido por nueve votos a favor y dos en blanco d. Juan Reales Carrasco”, y con igual resultados los dos tenientes de Alcalde, d. Diego Vivas García y d. Manuel Antonio Reales Carrasco.

El 12 de Agosto se efectúan unas diligencias para cubrir dos vacantes, por las dimisiones de Antonio Pulido Moro y Francisco García Garrido, debiendo nombrar dos nuevos concejales, Antonio Moro Guerrero y Vicente Moro Moro. En la sesión siguiente, de 14 de agosto ambos exconcejales comunican “haber tomado posesión de los cargos de juez municipal y suplente fiscal municipal” y se produce la dimisión de Vicente Moro por encontrarse imposibilitado, quedando su vocalía vacante.

Las actas a partir de este momento poseen algunas lagunas. En la sesión de 15 de marzo de 1931 se da cuenta de una Real Orden de Gobernación sobre el número de concejales electos en las próximas elecciones conforme a la ley electoral de 1877, fijándose este número en 9. Por consiguiente, según la documentación, entre 1928 y 1931 Lucena del Puerto tuvo cinco alcaldes, dos de ellos conocidos republicanos, además de una nutrida representación de esta filiación en el Pleno.

Tras las elecciones del 14 de abril y la huida del Rey Alfonso XIII, la sesión constituyente del nuevo ayuntamiento el 17 de abril elige Alcalde a José Vivas Pulido, por los seis concejales que tomaron parte en la elección, ya que los tres concejales monárquicos “protestaron del presente acto y se retiraron”. Son elegidos tenientes de Alcalde Jerónimo Garrido Moreno y Antonio Moro López, el primero de ellos, con José María Cantalapiedra Martín, supervivientes de la corporación del año treinta, y un viejo conocido, Cornelio Ruesga Vivas, transformado ahora a la progresía. José Vivas Pulido era también conocido en política, Alcalde en la corporación de julio de 1909, y concejal entre 1909-1911 y 1929-1930, podría ser uno de los convertidos primero al liberalismo y posteriormente al republicanismo de los hermanos reales de ascendencia radical.

No obstante, la proclamación de la República no estuvo exenta de tensiones. Según informaciones orales recogidas, Antonio y Juan Reales proclamaron la República entre el 14 y el 15 de Abril en un ambiente festivo, como en otras localidades de la provincia, recorriendo la localidad con una bandera republicana bordada por las mujeres del pueblo y acompañados de la banda de música de Bollullos. En el intento de izado de la bandera republicana en el balcón del Ayuntamiento, pese a la presencia del hasta ese momento Alcalde, hubo cierta tensión con los concejales monárquicos, un episodio que se recuerda, pero no muy claro ni en la forma, pues unos mantienen que fue una llamada de atención y otros un forcejeo, ni en el lugar, la plaza, un casino, o el balcón municipal. La orden de izado de la bandera republicana fue dada por el primer Gobernador Civil provisional nombrado ese mismo día, Ramón González Peña, secretario general del sindicato minero.

No debe resultarnos extraño, pues, que una de las primeras visitas institucionales del nuevo Gobernador Civil de la Provincia, Victoriano Maesso, fuese a nuestra localidad y Bonares, y que fuera recibido a la entrada de Lucena con arcos, vítores y cohetes. Tras el discurso en el balcón del Ayuntamiento fue izado en hombros y aclamado como “el gobernador de los obreros”,  y el comité republicano local, con su vicepresidente al frente, d. Antonio Reales, le ofreció un “lunch” en su casa y un refrigerio en casa de d. Juan Vivas y Vivas.  Al finalizar el día, “una simpática mujer del pueblo, Antonia Pulido, tuvo el gesto de regalar al señor Maesso un hermosísimo clavel, haciendo lo propio con sus acompañantes, regalo este que todos agradecieron a la señora  donante”.

Sobre los orígenes y la duración de las fiestas de San Vicente.

No es la primera vez que nos ocupamos de esta cuestión, cuya investigación que tiene más de tres lustros. Retomamos el tema por una petición.

La parroquia en sus orígenes tiene la advocación de Santa María al menos hasta 1545, momento en que se producen las primeras lagunas en la documentación antigua. A partir de la década de los cincuenta del siglo XVI se consagra a San Vicente, pero tenemos pocas o casi nulas referencias al patrón, aunque creemos que la talla data de este periodo, o al menos es anterior a 1580, por algunos de sus rasgos estilísticos y algunas pistas documentales.

Las primeras referencias en las actas capitulares son del primer cuarto del siglo XVII, y aluden ya a una fiesta dotada por el Consejo con un predicador y “jeremías”, que tal vez sean un instrumento o algún tipo de danzantes. En este momento la fiesta se reduce a la función de Iglesia con predicador, las luminarias del Santo y una procesión, que documentan las actas capitulares pero solo la nombran, y se certifiva a partir de 1730 con una “pariguelas para sacar en prosesión al Santo titular”. La festividad se diferenciaba poco o casi nada, del resto de festividades religiosas. Los cambios llegarán a partir del siglo XVIII y más en concreto a partir de 1720.

En el proceso de refundación y rescate de la hermandad de la Misericordia, que estaba en poder del Consejo de Lucena, los hermanos se habían propuesto recuperar las antiguas tradiciones y las rentas. En el cabildo de esta hermandad de 18 de febrero de este año el escribano público, y hermano, Francisco Hernández dio fe del siguiente acuerdo:

".... Les fue echó saber por el dicho Administrador que Don Francisco Cazallón, notario de la audienzia notarial de Sevilla y curial de brebes de Roma, como tenía en su poder una bula y despacho de Roma que contenía un jubileo perpetuo de grasia para dicha hermandad y otro para el pueblo el día del señor San Visente, Patrón de dicho lugar. Cuios jubileos abía sacado en nombre de dicho administrador para la dicha hermandad, que remitiese su importe que era diez y seis pesos escudos"

Poseemos constancia del recibo de las bulas de Clemente XI por un acta posterior, de mayo, aunque desconocemos su práctica en lo que respecta al jubileo del Patrón. No obstante, en el documento anterior se ofrece una somera explicación del párroco local, D. Alonso Ximénez Cruzado de lo que consistía, que puede ser extrapolada al caso que nos ocupa:

"(para el jubileo).... era nesesario que la hermandad señalase un  día festibo en que la hermandad hisiese la fiesta prinsipal, que abía de ser para siempre Xamas. Y asimismo otros quatro días festibos o feriados para que en ellos se gaste el jubileo, de más de dicho día de fiesta  prinsipal, de cuia bula leió el dicho cura un traslado que contenía las grasias dichas y otras muchas que constan dél....”.

No tenemos el documento del jubileo del Patrón, pero parece evidente que provocó los cambios en la fiesta que se acercan a los actuales, entre ellos el de la duración, del que puede extrapolarse que cinco días feriados, incluyendo el del Patrón.

Las rutas del vino y el puerto.

Se da por asentado que la salida del vino del Condado hacia los puertos se realizaba  por tres rutas que son las tradicionalmente admitidas. El condado Oriental (Villalba, Chucena, Manzanilla, Hinojos y el Campo de Tejada) utilizaban el puerto de Sevilla en el que no pagaban aranceles, por ser parte de su tierra, era de denominada la vía terrestre; La zona central, Bollullos, La Palma, Rociana, y tal vez Almonte, utilizaban la vía fluvial del Caño de las Nueve Suertes en Aznalcazar, a través del Guadiamar y el Guadalquivir; y el Condado Occidental, Palos, Moguer, San Juan, Lucena, Niebla, Bonares y Villarrasa utilizaban el Tinto y los embarcaderos de Marisuárez, Moguer y San Juan del Puerto.

Bodega de San Juan del Puerto propiedad de Verdier.

Había excepciones a esta regla. Según las ordenanzas del Condado, Almonte y Rociana tradicionalmente llevaban a vender también a las playas de Almonte, respetándoseles la costumbre, siempre que fuera de su propia cosecha. Los vecinos de Beas y Trigueros llevaban y traían vino a San Juan el Puerto, prohibiéndose incluso que estos vecinos labren lagares en este puerto para introducir sus vinos.

Los testimonios que poseemos de embarques en el puerto de Lucena entre los siglos XVI-XVIII no desmienten esta afirmación, pero la matizan mucho. El vino era un producto de primera necesidad y escaso, por lo que tanto su entrada como  su saca estaba prohibida, y así se recoge en las Ordenanzas de 1504 para toda la zona de Niebla. El cultivo, no obstante no hizo más que crecer entre 1650 y 1750, en una estrategia clara de ocupación de baldíos que favoreció a los pequeños propietarios, que encontraron en la viña y el olivar una estrategia de rentabilidad de las pequeñas explotaciones. Las tierras de obras pías y eclesiásticas incrementaron también el cultivo en la misma estrategia, aunque es este caso, las mayores inversiones corrieron a cargo de eclesiásticos particulares, ya que el Monasterio de la Luz tradicionalmente había cultivado dos zonas, la Viña Vieja y la Viña nueva, prácticamente desde los tiempos de Oyón. Hasta el siglo XVIII parece que no se garantizó el abastecimiento local, por lo que el comercio  encontró muchos obstáculos.

Extensión de la Viña en Lucena entre 1650 y 1748

En los registros de Bienes de vecinos.

Año de Registro	Pies de Viña	Conversión de Viñas en Fanegas
1657	84900	70
1675	80600	67
1720	128100	106
1748	198100	165

 Relación de viñas propiedad de obras pías y eclesiásticas

de Lucena en la segunda mitad del siglo XVIII

Obra Pía	Pies De Viña	Conversión en fanegas
Monasterio de la Luz	38000	31,5
Hermandad de la Misericordia	3000	2,5
Eclesiásticos diversos (8 individuos)	20670	17
Total	61670	51

Es más, entre 1539 y 1650 la mayoría de los contratos de compraventa registrados en los protocolos notariales son de compra a vecinos de Moguer, Niebla y San Juan del Puerto, que sí debían tener algunas producciones excedentarias, sobre todo el primero de ellos. También destacan en este periodo, pero especialmente en el final del siglo XVI, momento de esplendor del comercio indiano, las compras de “botas encaxadas” provenientes de Sevilla, los cascos, necesarios para encerrar y comerciar con el vino y el vinagre.

Durante esta etapa sabemos, por los inventarios post-morten y los previos al matrimonio, que la mayoría de los vecinos encierran vino en sus casas o en los “palacios”, una curiosa denominación local para los pajares y casas de aperos que no sabemos a ciencia cierta de dónde deriva. El comercio, no podemos negarlo, se constata ampliamente en los protocolos notariales, pero el predominio corresponde a los pequeños cosecheros que utilizan intermediarios locales para deshacerse de las producciones excedentarias. En el mismo sentido debe ser interpretada la “gran cantidad” de  vino de hoja entregada por los vecinos de Lucena en la visita de Felipe IV al bosque de Doñana para la magna cacería de 1624, según la información proporcionada por  Infante Galán  hace ya algunos años.

El testimonio más antiguo que tenemos de este comercio es de 1539. Francisco Gallego, vecino de Moguer, se querelló contra Pero Fernández Hilazo, Juan Hernández y Diego Martín Bermúdez de Lucena, carreteros, por el traslado de 150 botas de vino desde Villalba del Alcor al vado de Marisuárez, negándose uno de ellos porque sus bueyes no estaban para ello. Tan sólo un año después los mercaderes Jorge y Pedro Álvarez, Juan Martín y Diego Barboso se quejaban de que entre todos tenían compradas hasta 45 botas de vino de este dicho lugar y el fiel de las Rentas Mayores no se las quiere recibir:

“..... y dellas quieren pagar la saca a razón de como se tiene por costumbre en este dicho lugar, y Benito Martín fiel de todas las rentas mayores de este dicho lugar, en nombre de Bartolomé Martín Redondo, vecino de bonares, arrendador de por masa de todas las rentas mayores de este dicho lugar, no le quiere reçibir la dicha saca, seis maravedíe por bota que les han ynformado que tienen de costumbre de pagar en este dicho lugar, que sus alcaldes se lo manden reçibir porque ellos están prestos de lo pagar.....”

Desconocemos la razón de por qué no se quiso recibir la saca, tal vez no estuviera autorizada por el duque, pero cada mercader hubo de declarar el número de botas y depositar ante el Alcalde Juan Pinto los maravedíes correspondientes: Pedro Álvarez por 6 botas, Juan Álvarez por 17 y media, Juan Martín por 12 y media y Diego Barboso por 13, sumando en total 49 cascos y 294 maravedíes.

La abundancia de carreteros, probablemente por el activo tráfico de carbón al que hemos aludido en otras partes de este blog, motivó que muchos vecinos se dedicaran a su transporte. En 1571, Pedro Salvador, Pedro Alonso Barrera, Juan Pérez, Cristóbal Díaz Pito y Juana Domínguez Brígida, vecinos de Lucena, se concertaron con Juan de Villareal, vecino de Sevilla a transportar,

“.... con nuestras carretas, que son çinco y con sus bueyes, de os hechar enzima dellas dende la villa de Bollullos del Condado hasta las nuebe suerte, puerto y descargadero de la çiudad de Sevilla, hasta seis caminos para abajo, que no arriba, lo que fuere vuestra voluntad, dos pipas en cada carreta, por preçio de cada dos pipas llenas de vino de a dies y seis reales y medio de plata castellanos, a las quales os hemos de echar dende el biernes que  biene deste presente mes de mayo con las dichas çinco carretas hasta si acabadas de echar”.

En fechas más avanzadas del siglo XVI y XVII el comercio se mantiene en la tónica que hemos descrito. Pequeños cosecheros locales que venden le encerrado en las “lagaretas”, muchos de ellos eclesiásticos que dedican sus patrimonios a la viña, y operaciones de embarque de cierta entidad, algunas de ellas, de los municipios del entorno. Los comerciantes locales, que los hubo, y de entidad, o no poseen o no encuentran género en abundancia.

Habrá que esperar a la demanda gaditana en la segunda mitad del siglo XVII para el incremento de la producción, que continuará a lo largo de los siglos XVIII  mediante la siembra de pequeñas parcelas en baldíos y propios. En 1747 se estima una producción de 2500 arrobas de mosto, aunque en los registros de alcabalas el vino sigue ocupando el quinto o sexto   puesto en las exportaciones  de comercio por detrás del trigo, la cebada, las habas, los garbanzos y el cáñamo, y menos del 10 por ciento del valor de las ventas. 

Apoyo a los Dominicos de Niebla para fundar el Convento.

En alguna ocasión hemos mantenido que cuando los regidores de Lucena, y los luceneros, se enteraron de la erección del Monasterio de la Luz a fines del siglo XV debieron pensar que le venían encima las diez plagas de Egipto. No sólo se opusieron con todas sus fuerzas, con el apoyo del Duque y la villa de Niebla, ocuparon la heredad y se comieron la cebada, hasta el punto que los frailes no hallaron nada con que cobijarse. Con el paso de los años, las relaciones no parece que mejoraran mucho.

La oposición de villas y cabildos a muchas fundaciones parece que fue una tónica habitual en la modernidad por el hecho de acaparar riqueza y la exención de impuestos de sus bienes. Lo que no es tan habitual es que la oposición partiera de los propios eclesiásticos y el vicario de la villa de Niebla, que debieron pensar algo similar, puesto que aluden a que “se les quitará parte del provecho”, es decir, que tocarán a menos en las limosnas y las donaciones.

El Consejo de Lucena, que mantenía continuos enfrentamientos con los frailes de la Luz y que no los querían ni en pintura, no verá con malos ojos en 1578 la fundación de un convento de la Orden de Santo Domingo en Niebla, manifestando una curiosa carta de poder firmada por el Consejo y los más principal de la sociedad del lugar para el Arzobispado de Sevilla. La transcripción es la siguiente:

“.... que en la villa de Niebla, cabecera y Condado, se haze, y ha hecho un monesterio y combento de frayles dominicos de la Orden de Señor San Pablo, y el vicario y clerezía de la dicha billa de Niebla les ystavan que no lo hagan por razón de dezir que la dicha billa de Niebla es pueblo mediano y tiene poca gente, y tiene çinco parroquias. Y si se haze el tal monesterio les viene a ellos mal y daño, por qué se les quitará parte del provecho. Y por qué es muy útil y porvechoso, y dello se redunda mucho bien para las ánimas, y ansí para confeçiones, como de sermones y práticas espirituales en aber y hazerse el dicho monesterio. y para que venga en efecto y no se deje de hazer, otorgamos y conosemos que damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido libre e llano.... a Melchor de Arias......  para que acuda al Arzobispo de Sevilla y su provisor, y jueces... y pueda alegar y alegue razones pidiendo se haga el dicho combento y para todos los demás (autos), demandas e pedimientos, requerimientos, çitaçiones....”

Firman la petición Juan de Herrera y Diego Rodríguez Mocho, Alcaldes, Antón Martín Hilazo y Juan Pabón, Regidores, y Alonso Díaz, procurador del Consejo. Y los vecinos Hernán Martín Gavilán, Antón Rodríguez Mocho, Cristóbal Hernández, Pedro Gómez, García Pérez Jurado, Miguel Ramírez, Antón González, Bartolomé González, Juan de Lepe, Juan Ruiz, Diego Rodríguez Estrada, Marcial Quintero, Marcos Domínguez, Juan Barrera, Gonzalo Martín Fraile, Pedro Sánchez, Martín Rodríguez el Viejo, todos vecinos del Lugar y estando juntos de un acuerdo y conformidad. Testigos Diego Martín Camacho y los padres Diego Millán, presbítero, y Hernando Rodríguez Camacho. Firman los que supieron firmar.