Constituido
el nuevo Ayuntamiento el 17 de abril de 1931 con los seis concejales republicanos
elegidos (no participaron los tres concejales monárquicos) resultó elegido
Alcalde José Vivas Pulido, Ex-alcalde en la corporación de 1909,
concejal entre 1909 y 1911 y 1929-30, muy próximo al republicanismo radical
lerruxiano, al que parece que llegó de manos de los hermanos Reales.
No
en vano Lucena del Puerto había tenido ya dos alcaldes republicanos al final de
la monarquía, y recibió una de las primeras visitas institucionales del nuevo
Gobernador Civil, Victoriano Maesso, que se celebró en un ambiente festivo
acompañado por el comité Republicano Local.
No
existen actas de Pleno del periodo 1931-1933, pero hemos podido sustituirlas
por las de la Comisión Permanente y la correspondencia, y por lo que hemos
podido deducir existen pocas diferencias entre unas y otras, toda vez que la
Comisión trata y prepara los mismos temas que se tocan en el Pleno, aunque no
recogen las propuestas de la oposición.
El
nuevo gobierno municipal acomete los mismos problemas locales heredados del
periodo anterior, falta de cementerio, carencias de alumbrado público, a los
que se unen los problemas de la joven República, falta de financiación, paro
obrero y conflictividad social, aunque progresivamente las actas se van
centrando en el problema de la tierra y los montes públicos. En efecto, en
enero de 1933 se recogen 338 peticiones de parcelas en Montes Públicos según el
procedimiento dictado por la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de
Octubre de 1932 a “título intransferible”
y previo pago de un canon anual. No se trata de parcelas de rozas, que
continúan otorgándose, finalmente se
estima en este caso la adjudicación administrativa, sin perder la titularidad, “con el carácter de intransferible y
vitalicia, con derecho a prorrogarla en favor de uno de sus herederos
legítimos”. El resto de las condiciones de la Orden también se cumplían, no
otorgar más del 20 por ciento de la superficie municipal, la inexistencia de
repoblado joven de más de 20 árboles por hectárea, obtener un rendimiento
superior al que en ese momento tenían, no perjudicar a la ganadería, que debe
quedar garantizada, y contribuir a los intereses de la hacienda municipal con
el pago de las 2,71 pesetas por hectárea.
A
los 303 agraciados, se les tomó data en las propias actas municipales entre
junio y julio de 1934, con límites y número de hectáreas por concesión, y se
procedió al señalamiento, y probablemente a la ocupación, en un clima de
aumento de la conflictividad social según podemos deducir de las requisas de
arados y material agrícola y las propias denuncias de montes, aunque hemos de
reconocer que no son muchas las que nos han llegado. Sin embargo, en noviembre
de 1935 con base en el Decreto de 30 de enero de 1935 se procede al
señalamiento para 262 parcelistas, derivados sin lugar a dudas de la relación
anterior y febrero de 1936 se da cuenta al pleno de la nueva ordenanza aprobada
por la corporación sobre “ocupaciones y
cultivos de terrenos comunales”, otorgándose todas las parcelas anteriores,
ya señaladas, y nombrándose una comisión formada por el ingeniero de Montes y
el concejal d. Antonio Mora Rodríguez para extender los contratos y convenios. Pese
a todo ello, la conflictividad social sigue en aumento como después veremos.
El segundo gran problema que encona
la vida de la localidad y la del Ayuntamiento es el de la electricidad. El
enfrentamiento es político, social y personal y arranca desde la propia toma de
posesión. Al frente de los concejales monárquicos está d. Diego Gómez Cruz
(Alcalde en la corporación de 1924), familiar directo del primer regidor, y propietario
de la fábrica de fluido eléctrico “Electro-Molinera
La Esperanza” desde diciembre de 1932. Tras negarse a tomar posesión con
los otros concejales, solicitan en varias ocasiones sus actas, siendo
rechazados por el Pleno que eleva consultas a la superioridad. En julio de 1932
recurren al Gobernador Civil que pide informe al Alcalde, que en una memoria
anexa al escrito manifiesta,
“….debo informarle que esos tres sres., enemigos
al régimen actual, pretenden airosamente formar parte de la Corporación
Municipal de esta villa con el objeto exclusivamente de perturbar la buena
marcha administrativa de la misma”.
Cuando
en Agosto de 1933, un año después, ocupan sus cargos, el enfrentamiento alcanza
proporciones considerables. En mayo de 1933 se propone la municipalización del
servicio de alumbrado público retomando acuerdos anteriores de 1931, 1932 y
enero de este mismo año al respecto, acordando poner el asunto en manos del
abogado Antonio Vázquez Limón. A partir de este momento se ponen trabas a los
propietarios en la licencias para casetas de alumbrado, no se autorizan la
reforma de las palometas en edificios particulares y se propone una comisión
técnica para llevar a cabo el acuerdo. En el nombramiento de los individuos
integrantes de esta comisión d. Diego Gómez recusa al Alcalde, y este lo recusa
a él, por “socio de una de empresa que se
trata de expropiar”, y a Honorio Vivas, por pariente de Juan Vivas, propietario
de la otra empresa. Diego Gómez “no se da
por recusado por estar dentro de la ley”
y el concejal Antonio Pérez Vivas se recusa a sí mismo por ser pariente
también de Juan Vivas. En el acuerdo sólo participan 5 concejales.
El municipio se opone a cualquier
modificación o mejora de la central eléctrica, incluido el cambio de corriente
alterna a continua, por incrementar el precio de expropiación, y el
concesionario contraataca con recursos contenciosos-administrativos, con
permisos gubernativos del Gobierno Civil y adquiriendo la fábrica de la
competencia Juan Vivas con la que el municipio mantiene el contrato de
alumbrado público. Con el arma del monopolio, según el Alcalde, la sociedad
presiona al consistorio y a los vecinos:
“de todos es conocida la actitud en que se ha
colocado la expresada sociedad con los vecinos, pues no queda un solo día en
que la alcaldía tenga que intervenir por las quejas formuladas en el precio de
las tarifas impuestas y coste de fluido”.
Desde diciembre se amenaza a la corporación con el cese del contrato
eléctrico por falta de pago, y aunque el Ayuntamiento reconoce la deuda, y
recurre a la mediación del Gobernador Civil, se reitera un escrito de denuncia
dos días antes de iniciarse las fiestas patronales. En la presentación de las
conclusiones de la comisión técnica para el anteproyecto de municipalización,
defendido por José Domínguez Pulido, médico local, la empresa encontró un
aliado ya que la recomendación es negativa,
en atención a su elevado coste, 25.500 pesetas, sin incluir los gastos
del Tesoro Público y la contribución industrial, el aumento de las tarifas, y
la no mejorará del servicio que en la
actualidad disfrutan “como el mejor de la
provincia”. Sin embargo se vota el proyecto y gana la municipalización por
seis votos a favor y tres en contra.
La incipiente izquierda, socialistas e izquierda republicana, parece que
se manifestaban también a favor siguiendo los designios de la calle, aunque
tampoco la llevarían a cabo posteriormente. Los concejales del propio equipo de
gobierno, tras el acuerdo y conocer los costes de la expropiación, piden
explicaciones al Alcalde sobre las inversiones de las décimas del paro obrero y
el 20 por ciento de los propios destinado a mejoras de montes, requiriéndole a
presentar las cuentas de febrero a abril de 1935. En varias ocasiones
anteriores le conminan, por boca de Jerónimo Garrido, primer teniente de
alcalde, a no realizar gastos no
incluidos en los presupuestos. La tensión se palpa perfectamente en las propias
actas de cabildo y parece que existe un ambiente enrarecido entre los
republicanos..
Tras
la dimisión del Alcalde por su avanzada edad en septiembre de 1935 y la
elección de d. Jerónimo Garrido Moro, previa mediación del Gobernador
Civil, se pacta el pago de la deuda a razón de 700 pesetas antes de finalizar
el año y mil pesetas anuales en los próximos presupuestos, y se firma el
contrato por un año en espera de acometer la expropiación. En noviembre de 1935
se propone un crédito extraordinario al Banco de Crédito Local de 30.000
pesetas para realizarla, que no llegó a formalizarse.
Estos
asuntos de tanto calado e importancia, dejan en segundo plano otros que por su
tratamiento más somero no deben de quedarse en el tintero. La familia Pérez de
Guzmán se dirige en varias ocasiones al alcalde para ejecutar la última
voluntad de d. José sobre el cementerio, y la corporación gira incluso varias
visitas al domicilio de su hermano Luis para ejecutarla. La familia exige, por
ser parte de la última voluntad, la construcción de una capilla a su memoria y
se compromete a costear las obras de esta y el cementerio, pero la corporación
advierte que el Estado no lo consentirá “con
arreglo a la nueva Ley” y decide elevar consulta jurídica. El asunto acaba
paralizado, pues la consulta realizada a la Revista Técnica de la Administración
manifiesta de manera tajante que “para
los actos religiosos en general no puede hacerse capilla alguna en dicho
cementerio en virtud de disposiciones vigentes, pero en atención a la familia
del donante puede hacerse dentro del recinto del cementerio un panteón familiar
y dentro de este su capilla que sirva tan sólo para la familia”. En el
mismo sentido, se toma acuerdo del deplorable estado del cementerio municipal y
se encarga proyecto al arquitecto José María Pérez Carasa, pero tampoco se
ejecuta.
La
preocupación por el paro obrero es constante, como lo son las ocupaciones de
montes; lo novedoso serán las respuestas de los interesados, cada vez más duras
y audaces. Pese a ello, estos episodios deben interpretarse en clave social y
no política, debiendo esperar a la constitución del sindicato de agricultores
(UGT) que “aparecerá” súbitamente en 1936, para la articulación de un
programa obrero coherente.
La
última de las claves de este periodo es la crisis de la hacienda municipal, que
evidentemente entronca con todos los problemas anteriores y los agrava. La
décima del paro obrero se deduce del contenido de los acuerdos que había sido
secuestrada más de una vez entre 1931 y 1935, así como los fondos de montes de propios
y otras cantidades. En varias ocasiones, que sería tedioso enumerar, se
paralizan o ralentizan proyectos municipales por falta de fondos, y no se pagan
los contratos de alumbrado y los sueldos
de los funcionarios. En 1935 la crisis alcanza proporciones alarmantes:
“A todos consta que para poder llevar a efecto la
misma (festividad del Patrón) con lucimiento y debido a la situación financiera del municipio han
tenido que recurrir a personas que desinteresadamente se han prestado en ayudar
con una pequeña cantidad o mejor dicho que se han satisfecho recibos de gastos
forzosos de las fiestas, como d. Juan Reales Carrasco, que ha pagado los
correspondientes a música, alumbrado extraordinario y al tomador Bendala,
importando la suma de cuatrocientas ochenta y siete pesetas, cincuenta
céntimos, y el exponente (Jerónimo Garrido) la cantidad de ciento diez pesetas, cuarenta y cinco céntimos, de
construcción de plaza de toros.”
El
nuevo gobierno municipal de Jerónimo Garrido, ante la inminencia de elecciones
en febrero de 1936, reconoce el déficit de los presupuestos municipales de
1931, 1932, 1933, 1934 y 1935, debido a que faltaron los ingresos
correspondientes a los aprovechamientos de montes (otro síntoma más de la
osadía de los colonos, que no pagan) y no haberse cubierto la contribución territorial
de los propios. La Hacienda Pública hace responsables a los regidores, en vía
de apremio y con recargos, lo que no consideran ni justo, ni moral, ni
imputable a ellos. El Alcalde propone la solución de un préstamo sin intereses
de 11.500 pesetas a pagar en tres anualidades del presupuesto, y adelanta a la
corporación que ha hecho gestiones encaminadas a la obtención del crédito de los siguientes vecinos de la localidad,
Manuel
Pérez de Guzmán y Urzaiz ………. 2012,50 ptas.
Juan
Reales Carrasco……………………… 2012,50 “
Antonio
Reales Carrasco………………….. 2012,50 “
Antonio
Regidor Vivas……………………. 502,50 “
José
Acebedo Guerrero……………………. 262,50 “
Antonio
Mora Conde……………………… 1012,50 “
Manuel
Cantalapiedra Martín……………… 412,50 “
Vicente
Moro Moro………………………… 775,50 “
Juan
Garrido Moreno………………………. 112,50 “
Vicente
Pérez Moro…………………………1362,50 “
Manuel
Reales Vivas………………………. 1512,50 “
--------------
11.500,50 ptas.
Concejales,
exconcejales, republicanos radicales y familiares en defensa de la corporación,
a los que se suma el hermano del candidato de la CEDA, Manuel Pérez de Guzmán,
con evidentes vínculos locales, si bien no nacido en la Hacienda de la Luz,
criado en ella. Aún asistimos a un último acto, celebradas ya las elecciones,
de petición de pago de los arbitrios municipales a los recaudadores en cierto
clima ya de tensión en el municipio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario