1936. La hora de las Izquierdas.

Las fiestas de San Vicente de 1936 fueron deslucidas por la lluvia según La Provincia, y aunque una tregua permitió la procesión del Santo Patrón, impidió la celebración del resto de los festejos del 23, 24 y 25, incluidas las dos novilladas. Debió ser un mal presagio, con la salvedad de:

“Los grandes bailes celebrados en los casinos Centro benéfico y Centro Republicano Radical habiendo actuado en el primero un acertado terceto y en el segundo la armónica orquestina Extremeña”

En el posicionamiento político de cara a las elecciones de febrero, no estaban los Republicanos Radicales para fiestas. Desmoralizados por la experiencia de gobierno y los débitos a la Hacienda Provincial, desaparecen de la vida pública y del Ayuntamiento. Es posible, siguiendo a Álvarez Rey y Ruiz Sánchez, que dada la fuerza que Burgos y Mazo tuvo en el pasado en la localidad, estos fuesen sus antiguos partidarios transformados al radicalismo, pero este extremo no ha podido ser confirmado, y, en cualquier caso, parece que poseen un ascendente más republicano que conservador. En el mismo sentido, los agrarios del viejo cacique moguereño, de gran tradición en Lucena, que concurrieron separados de la CEDA a las elecciones de febrero, no obtuvieron ningún resultado, ni fueron capaces de movilizar a sus antiguos partidarios, entre los cuales se encontraba el concejal Diego Gómez Cruz, reconvertido monárquico, y para nada partidario de los radicales.

Tal vez por ello, pese a la presencia de los Pérez de Guzmán y Urzaiz en la hacienda de la Luz, el comité de Acción Popular en Lucena no se conforma hasta 1935. Es probable, que tras la incorporación de Pérez de Guzmán a la CEDA, sus partidarios radicales siguieran el mismo camino, aunque los resultados tampoco les acompañaron. No nos consta que su familiar Joaquín Urzaiz Cadaval, tío o primo del anterior, propietario también de la Hacienda de la Luz y Ministro de Estado, mantuviera similares relaciones, pero fue quién ganó las elecciones en Lucena en número absoluto de votos pese al aplastante  triunfo global de la candidatura del Frente Popular.

La izquierda, a través del sindicato de agricultores de UGT y una desconocida Izquierda Republicana, capitalizan un descontento que es ya palpable antes de las elecciones. El mitin previsto por la izquierda para el día 12 fue suspendido por el Alcalde, lo que fue recogido por La Provincia en la sección de Entrevista con el Gobernador Civil:

“A preguntas de los periodistas sobre el hecho de no haberse podido celebrar en Lucena del Puerto un mitin de Unión Republicana por no permitirlo el Alcalde, contestó el gobernador que se ocupa de todas las denuncias que se le van formulando para evitar se motiven reclamaciones de las cuales no puede culpársele.”

En la misma sección y diario del día 14, el Gobernador volvió a referirse al mismo hecho, pero sin aclarar el contenido, ni los sucesos:

“Otros de izquierdas me visitaron refiriéndose a cosas ocurridas en Niebla, Lucena y Puebla de Guzmán. Atendiéndolos he adoptado las medidas necesarias para que los hechos referidos y que me fueron denunciados no se repitan”.

Los resultados locales fueron los siguientes:

           

Candidatura del Frente Popular	Partido	Votos
González Peña	PSOE	542
Santiago López	U.R.	110
Crescencio Bilbao	PSOE	542
Cordero Bell	Federal	545
Juan Gutiérrez Prieto	PSOE	544
Candidatura de Centro-Derecha
Joaquín Urzaiz Cadaval	Centro	656
Dionisio Cano López	Independiente	11
Francisco Pérez de Guzmán y Urzaiz	CEDA	11
Manuel Sánchez- Dalp	CEDA	11
Rey Mora	Radical	11

             

Nombrado el nuevo Gobernador civil de la Provincia el día 20, el 21 ordena la reposición de cargos depuestos en 1934, que no era el caso, y el nombramiento de nuevos concejales, ordenados por delegados de su autoridad el día anterior, y designa alcalde accidental a d. Fermín Granado Hinestrosa. Por consiguiente, la corporación de 1936 no fue elegida por los ciudadanos.

La sesión de 22 de febrero puede calificarse de extraña, puesto que concurren el nuevo alcalde y los concejales de la corporación anterior, Antonio Moro, Diego Reales, José Cantalapiedra, Honorio Garrido y José Vivas Pulido (exalcalde). Este último le pide encarecidamente que por todos los medios a su alcance pague la contribución territorial de los montes de propios.

Los nuevos concejales, 5 socialistas y 4 de Izquierda Republicana, son todos próximos al Sindicato de Agricultores, de cuyo núcleo debieron surgir. De las actividades anteriores, organización y afiliación no sabemos nada, pero no está de más hacer mención expresa a su carácter socialista, ya que este tipo de sindicatos locales recogían filiaciones diversas, funcionaban relativamente autónomos y parece que no existía una conexión directa con el PSOE, pese a representarlo.

En la toma de posesión del 26 de febrero, se ratificó el nombramiento del Alcalde y se nombraron tenientes de Alcalde a Paulino Roldán Orihuela, por Izquierda Republicana, y a José Conde Guerrero, por los socialistas. Manos a la obra, la labor de la corporación en lo político-administrativo puede calificarse me mero trámite. No hubo tiempo y la situación “precaria y ruinosa porque atraviesa el erario municipal”, dejó poco margen de actuación. En principio se suspenden a los tres guardas y el depositario municipal, el secretario pide licencia,  luego no se incorpora y se ordena la inspección de las cuentas. Posteriormente se informa de irregularidades administrativas, partidas en blanco, consignaciones sin cantidad, notas justificativas sin respaldo escrito y tachaduras y enmiendas, concluyendo:

“se trata no solamente faltas de formas, desaciertos administrativos, falsedades, malversaciones y faltas de ingresos, sino ya de cierto descaro y desprecio a toda ley y a toda regla legal y moral”.

 Y como no podía ser de otra manera se solicita al Gobernador Civil el nombramiento de un delegado de su autoridad que, con atribuciones especiales, depure y exija responsabilidades. En la sesión de 10 de abril se habla ya de clara de malversación, se hacen responsables a los alcaldes anteriores y a los secretarios, y se les otorga un plazo de reposición de diez días para la devolución de fondos y “de no verificarlo, se proceda a su cobro ejecutivamente sin más aviso”. Sin embargo, cuando se hace causa en el juzgado de Moguer, el ayuntamiento decide no mostrarse parte.

El programa de dotación de las escuelas públicas, repartos de tierra, con algunas parcelas aún por deslindar, y obras, se paralizan. La municipalización del servicio  de alumbrado, que según el alcalde sólo había servido para rencillas políticas y partidistas, acuerdan no realizarla con el voto en contra del concejal Vicente Ruiz Garrochena, que dimite por ello y se acepta. El 17 de abril se recogen en actas las dimisiones de Vicente Ojuelos Gómez, Jerónimo Ojuelos Vivas y Vicente Ruiz (por segunda vez), sin explicación alguna, aunque parece ser relacionadas con el asunto de la municipalización, lo que les valió el apelativo de “comunistas”.

En lo social, la cuestión estuvo más movida. Una comunicación de 23 de marzo del Gobernador Civil autoriza al Alcalde para que acompañado por las fuerzas del orden realice registros domiciliarios entre los desafectos al régimen que “hayan podido infundir sospechas de los hechos denunciados”. Desconocemos tales hechos, pero debieron ser graves para autorizar los registros domiciliarios, y es posible que tales registros se practicaran en casa del médico local, d. Bartolomé Pulido Dávila, precisamente por lo contrario, radicalismo de izquierdas, pues el Alcalde le acusa de que “alentaba a las masas” y sospechaba “pudiera tener elementos explosivos”. La misma correspondencia oficial informa de un incendio en la finca Hacienda de la Luz y la corta de 20 olivos, (18 y 19 de abril), sin duda ambos hechos relacionados con el Decreto de laboreo forzoso y una nueva ejecutiva del sindicato de agricultores de Domingo Domínguez, bajo cuya dirección pudieron producirse ocupaciones de las fincas de la Luz y la de los señores Prieto de Bonares.  Las requisas de arados y aperos en los montes continúan.

En este clima se produjo el desalojo de la iglesia parroquial para convertirla en escuela, un hecho que se llevó a cabo por concejales de la corporación, en orden, y previo reparto de los Santos por domicilios particulares, y “decían que lo hacían así porque iban a venir elementos de fuera a quemarla”. Más gravedad para el orden público constituyó la huelga general declarada en la localidad el 29 de mayo por el impago de tres salarios a los doce braceros enviados allí por la oficina de colocación. La petición del secretario general del sindicato al Alcalde de elevar el asunto a la primera autoridad de la provincia del 26 de mayo, fue desbordada por otra posterior del comité de huelga que otorgó un plazo de 48 horas a la Alcaldía para solucionar el problema. Pese a las informaciones aparecidas en La Provincia sobre la resolución del conflicto, “de tal tendencia a mejorar que incluso creía el gobernador que ya estaba resuelta”, entre el 29 y el 2 de junio se producen  10 detenciones por coacciones de significados dirigentes sindicales entre los que se encuentran 5 concejales y exconcejales, Vicente Ruiz (30 mayo), Paulino Roldán, Vicente Moreno, miembros también del comité de huelga,  Vicente Ojuelos y Francisco Contreras (2 de junio). Según las noticias orales recogidas, los piquetes, bajo la dirección del sindicato impidieron el trabajo colocándose en las salidas de la población a las órdenes de los propios concejales. Puestos estos a disposición judicial, los cuatro últimos, pese a las dimisiones, quedaron a disposición del Alcalde. Las comunicaciones a la hacienda de la Luz para la colocación de los braceros continúan en junio.

En este clima, las sesiones plenarias de mayo y junio, hasta el 13, son de mero trámite, con acuerdos de escaso calado. Después no hay actas, probablemente porque no dio tiempo a su transcripción, pero en cambio se conservan la mayoría de los telegramas originales sobre el golpe de estado y las llamadas al orden del Gobierno Civil “procurando evitar incendios y actos de sabotaje”.

Por tradición oral conocemos que, dado que el avance rebelde provenía de Sevilla, se intentó una línea de defensa con una trinchera en las proximidades del cementerio, una idea posteriormente desechada. En el mismo sentido, las declaraciones de los expedientes carcelarios reconocen la llegada de una partida de hombres armados con explosivos para asaltar la iglesia y  para volar un puente, probablemente el situado a la salida de Moguer en el arroyo de La Pasadera, hecho impedido por los dirigentes locales Vicente Ruiz y Vicente Moreno, según declaran ambos. Por las mismas fuentes conocemos que se produjo un asalto, con pérdida de ganado, trigo y aceite, en la hacienda de la Luz en el que participaron algunos vecinos por orden del sindicato. Según las declaraciones de testigos de los expedientes carcelarios, se requirió a los elementos locales más significativos de la oposición que aportasen “voluntariamente” comida, se les confiscó armas de fuego y se les recluyó en la cárcel municipal o en sus domicilios a cargo de los concejales, pero no es menos cierto que nadie sufrió daños e, incluso, no se produjeron altercados en el núcleo urbano. Es más el exalcalde constitucional, Fermín Granados, afirma haber protegido a gentes venidas de fuera entre las que se encontraban el administrador del cortijo de la Ruiza y el propio párroco de Lucena, y acusa al primer teniente de alcalde de los hechos extremistas.

El 24 de junio las fuerzas del Comandante Ramón de Carranza tomaron el pueblo sin resistencia, y abandonado por los elementos de izquierda que se refugiaron en los montes por motivos evidentes de seguridad. Cuando las fuerzas de Carranza entraban por la carretera de Bonares, el segundo teniente de alcalde d. José Conde Guerrero se suicidó de un tiro en la sien, constituyendo la primera víctima de la guerra civil en la localidad.