El periodo de la Guerra Civil en Lucena del Puerto.

Durante los primeros meses de la guerra civil, coincidiendo con la ocupación del Gobierno Civil y Militar por Haro Lumbreras (24 Junio de 1936-2 de febrero de 1937), se produce un auténtico baile de gestoras municipales interinas en Lucena que parece que responden a las necesidades de guerra. El mismo día de la toma del municipio se nombra  Presidente a José Blanco Cantalapiedra, y gestores a Modesto Moreno Díaz y Manuel Arozarena Moro, jefe y subjefe de Falange, y a Diego García Gómez, secretario de Acción Popular. El 31 de julio, el capitán Luis Toro, deja sin efecto la orden anterior y nombra presidente a Honorio Vivas Márquez, filiación de derechas, y viejo amigo personal suyo, según nos ha confirmado la propia familia, respetando  a los dos camisas viejas, subjefes de milicias, pero destituyendo a García Gómez. Hasta septiembre el alcalde está sólo “por encontrarse  los otros dos gestores ausentes prestando servicios en las columnas que luchan por la patria”.

Fotografía de Soledad Abril de Dios primera
maestra represaliada en la Provincia de Huelva.
(foto proporcionada por la familia)

El 5 de septiembre, en presencia del Jefe Provincial de Falange Española de las JONS, se procede a la reorganización de la Comisión Gestora por ausencia de José Blanco (citado como Alcalde) y Modesto Moreno, nombrando a Honorio Vivas (citado como gestor), Manuel Arozarena Moro y Antonio Macías Pulido. Sin embargo, el Ayuntamiento queda constituido por Manuel Arozarena como Alcalde, Antonio Macías, primer teniente de Alcalde y Modesto Moreno, como segundo, quedando todos conformes. Las actas siguientes asisten a un pleno de dos gestores.

No podemos pasar por alto en estos primeros meses la vuelta al núcleo de población de los huidos y el carácter modélico de la derecha local, que no permitió ni el asesinato, ni la violencia sobre los opositores. Como en julio, los izquierdistas ahora dormían en la cárcel municipal bajo la vigilancia del alcalde y otros vecinos de derechas,  que armados defendieron a sus convecinos ante los intentos de forasteros de los municipios limítrofes de realizar “sacas”. La labor en estos días difíciles, tanto de los representantes de uno como del otro bando,  requiere un estudio más detallado que el actual, pero por lo que sabemos la sensación es que se produjo un pacto de silencio para eliminar todas las pruebas incriminatorias posibles y sus consecuencias.

Este hecho, no obstante, no significa que no se aplicasen las medidas de represión habituales y de sobra conocidas por nuestra geografía. Desde el mismo acto de la toma de la localidad se recogieron papeles en el Ayuntamiento y se instruyeron expedientes de averiguación al cargo del comandante de puesto de la Guardia Civil, según nos informan los propios expedientes carcelarios. A algunas mujeres se les intentó pelar a cero,  acusadas de bordar la bandera republicana, sin que tengamos constancia de que lo consiguieran por la rápida intervención del Alcalde y algunos requetés presenten en la localidad. El magisterio fue depurado rápidamente correspondiendo el triste honor a doña Soledad Abril de Dios (encarcelada hasta el 30 de agosto) y a su marido, Juan Mora, maestros locales en ser los primeros represaliados. Constan también algunas incautaciones de bienes, que no sabemos si se llevaron a cabo y otras de vehículos para la guerra. Después toco el turno a la “simbología marxista” y a las calles con el “nombre de ciudadanos patrióticos”, Calvo Sotelo, General Sanjurjo, Francisco Franco, Primo de Rivera…..

Los 42 expedientes carcelarios, la mayoría por inducción a la rebelión militar, 2 por rebelión y 2 no relacionados con la represión, puesto que reproducen agresiones entre falangistas, todos ellos de 1937, se saldan con condenas de cárcel más o menos prolongadas, pero en cualquier caso leves, para las que se conocen en otras latitudes. La mayoría de ellos, pese a haber participado en los sucesos de julio, son condenados por proferir gritos internaciones, expresar apoyos a la República, a Rusia, o manifestar en público que los rebeldes asesinan en los pueblos tomados a todos los socialistas, incluso a los niños. Muchos de ellos, los que tuvieron apoyos familiares, u ocasión, acabaron nutriendo las filas de Falange, por recomendación de las nuevas autoridades, o las filas rebeldes a lo largo de la guerra, perdiendo la vida en ella, como el primer teniente de Alcalde de Izquierda Republicana, o cumpliendo condena posteriormente como algunos de los exconcejales.

Entre los asesinados aparecen tres vecinos del municipio, dos en el registro civil de Huelva y uno en Calañas, entre agosto de 1936 y octubre de 1937, y aunque alguno pudo ser aprendido en Lucena, no lo fue en el casco urbano, sino en el campo y sin auxilios locales. Pese a ello, en el municipio constan una fosa con 4 vecinos de Moguer en el cementerio viejo, que hicieron desaparecer sus familiares tras el traslado del mismo, y una posible fosa con vecinos de Moguer y Palos, señalada, pero aun por localizar, de tres camiones que pasaron y  tomaron la carretera de Bonares y nunca más se supo de ellos. En los primeros meses de guerra aparecieron también algunos cuerpos en el camino del rio de vecinos de Villarrasa y, parece, según consta de declaraciones, que fue aprendido un vecino de Rociana en esta localidad, que escondido por vecinos de derechas, huyó para no ser detenido y fue descubierto.

El 25 de enero de 1937 se nombra una nueva gestora, compuesta por  Diego Gómez Cruz, presidente, y los gestores Vicente Pérez Moro y Manuel Arozarena Moro. Con esta corporación se intenta ya una mínima gestión política, dadas las circunstancias, y se toman acuerdos en un primer momento de recuperación de arbitrios, algunos pendientes desde 1935, y en poder del recaudador, y otros que se dejaron de recaudar de la familia Pérez de Guzmán desde 1934, a cambio del agua de Las Pilas, ahora declarados ilegales, acusándolos de filiación política con la corporación y amiguismo. La situación del Ayuntamiento es calificada por el Alcalde como “desastrosa”, reconociendo deudas importantes con las administraciones (Diputación, Hacienda Provincial, Partido judicial…) desde el periodo del Frente Popular, que hacen inviable la nómina de los funcionarios y el funcionamiento del consistorio. La Diputación tiene embargada el 15 por ciento de todos los ingresos del municipio (desde 1932), lo que obliga a la firma de un acuerdo de pago sobre las 25.036,75 pesetas a diez años con pagos trimestrales y siempre que se mantenga el pago de los nuevos trimestres vencidos. En el mismo sentido de recuperación de la gestión el secretario propone diversos arbitrios como el cobro directo de las contribuciones por el Ayuntamiento, es decir, sin rematante,  la creación de una tasa sobre perros vagabundos, y el cobro del canon de las roturaciones que desde su reparto es “letra muerta”.

La última de las gestoras de este periodo, compuesta por cinco miembros, queda al cargo de un viejo conocido de la política local, don Manuel Antonio Reales Carrasco, viejo militante radical, exalcalde y exjefe del comité republicano, lo que sólo calificarse de sorprendente, ya que es el único Alcalde que conocemos, que lo fue en la  Monarquía, la República y el Franquismo, brevemente, eso sí.  Este hecho, desde luego insólito, encuentra su explicación en una simple visión retrospectiva de la vida política local desde la restauración en torno al mismo núcleo conservador de los mayores contribuyentes. Son los mismos gestores, la misma vieja clase que concentra la capacidad económica y de dirección política, hasta que la llegada del Frente Popular los descabalga de la alcaldía. El posterior golpe de estado aupará a algunos de los falangistas al Ayuntamiento, especialmente en este primer periodo, en la única alianza posible, pero el poder lo sigue ostentando la vieja clase política y no tardará en recuperarlo en los años siguientes, creemos que más a pesar que con el apoyo de las autoridades del movimiento. La constatación de viejas rencillas entre ambos grupos, la desaparición a partir de 1939 de los jefes de Falange de las gestoras municipales y la verificación de algún altercado armado en el consistorio entre falangistas, del que tenemos constancia, ofrecen suficientes indicios al respecto.

En lo político la gestión de esta última corporación fue casi nula, con un Ayuntamiento embargado y acuciado por las deudas, los ingresos apenas alcanzan para la nómina de los funcionarios, que se paga a duras penas y con enorme retraso, y poco más. La administración es un caos, lo que es responsabilidad, según el regimiento, del secretario habilitado José Regidor, que acaba solicitando se cese por incapacidad física y moral, que se acepta toda vez que,

 “….diariamente se reciben comunicaciones apremiantes de la superioridad amenazando con el nombramiento de comisionado para efectuar servicios de suma urgencia y que este con su abandono no sólo no cumplía, sino que los tenía traspapelados”.

El posterior nombramiento de un delegado gubernativo por el Gobernador Civil para poner orden en este asunto informa de que ha sido requerido para ello por la corporación, y de la existencia de numerosos irregularidades que no especifica. La cuenta de la inspección llevada a cabo, reseñada en las actas de abril de 1939, recupera 28.611,86 pesetas provenientes del cobro de las roturaciones de 1938-39, arbitrios, desde 1931, maderas y aprovechamientos sin liquidar, y requerimientos a los exalcaldes de deudas pendientes que incluyen diferentes alcances de gestión y cobros indebidos o mal justificados. La data de pagos correspondiente alcanza la suma de 31.150,72 pesetas, la mayoría de ellos atrasos de los funcionarios, clases pasivas y suministro eléctrico.

Con estos problemas, los acuerdos de gestión se ocupan de los aprovechamientos, prácticamente paralizados por la guerra, el alumbrado eléctrico, que reitera los acuerdos de municipalización, sin hacerlos efectivos, y la carencia de agua suficiente en la fuente única de Santa Cecilia por la sequía y falta de lluvias, a la que se coloca un guarda para evitar altercados y un gravamen de cinco céntimos cada dos cántaros para su jornal.

 La información en general del periodo, pese a todo, es escasa, aunque ello no nos impide conocer en palabras de la presidencia “que diariamente frecuentan esta alcaldía infinidad de vecinos indigentes pidiendo socorros, no pudiendo atenderles”. Por los supervivientes conocemos bien estas  penalidades y el hambre sufrida, aunque también es cierto que el colonato municipal ayudó a mitigarla y ofreció, al menos, algunas oportunidades más que en el mundo urbano. La correspondencia oficial desde el inicio de la guerra, pero más sistemáticamente desde 1938, se ocupa ampliamente del abastecimiento con las declaraciones de cosechas, aceites, ganados, e incluso chacinas y tocinos, que se asignan y se controlan para el abastecimiento y el ejército. Los abastecedores son grandes propietarios que obtienen las licencias y los salvoconductos, y reseñan cantidades, importantes, especialmente de ganados.

La prensa de la época sigue informando de la recogida de metálico, ropas, tabaco, huevos y gallinas de auxilio a los heridos y los habituales actos de entierro de fallecidos en la guerra y propaganda. Lo que la prensa no cuenta es la orden del Gobierno Civil de 1938 para el reparto de entre 25 y 100 pesetas entre 50 vecinos “por el concepto de plato único” en el plazo de 8 días, y mirando sólo sus posibilidades personales, que se reparte como contribución entre los vecinos. En el mismo sentido, las actas capitulares recogen diversos actos de agradecimiento y propaganda hacia el Generalísimo, sumándose a la propuesta del Ayuntamiento de Huelva de regalar una espada al caudillo, o hacia el libertador Queipo de Llano al que se propone el nombramiento de Teniente General o el título de “Gran Caballero de la Gran orden Imperial de los Flechas Rojas” por,

”…. su heroísmo puesto al servicio de los más altos ideales patrióticos, sin contar con otras fuerzas en los primeros momentos del glorioso Movimiento Nacional que las escasísimas de la guarnición de Sevilla, cuyo comportamiento loable debiera  ser premiado con la concesión de la medalla militar colectiva, consiguió librar a estos pueblos de su jurisdicción de los horrores de las furias marxistas, estableciendo la tranquilidad y el bienestar, sembrando la fructífera semilla del más puro social concepto cristiano, dones de inapreciable valor que pueden apreciar más exactamente en su magnitud, aquellos de nuestros hermanos que directamente han sufrido los mas crueles martirios y persecuciones”.

Con la mayoría de los presos políticos o en la cárcel o alistados, desde 1938, bien porque la administración actuó más sistemáticamente desde los juzgados, bien porque se conserva más documentación, se agudiza la represión sobre los republicanos y el control de la población civil. Los salvoconductos e informes de conducta y filiación política se suceden en el Archivo Municipal, las confiscaciones de bienes se hacen efectivas con certificaciones del propio municipio y se implica, más si cabe, al Juzgado de Moguer  y a la Guardia Civil en el control efectivo de la población y las ideas. Desde el Gobierno Civil, cuya jefatura ostenta también la de Falange, se alcanza incluso a los libros de lectura empleados en la escuela pública a través de la inspección educativa. Próxima a finalizar la guerra, el borrador de respuestas a una encuesta sobre diversas cuestiones del Gobernador Civil, deja claro que con respecto a la situación política “cooperan todos y sin distinción de clases por el engrandecimiento del nuevo estado”. En el mismo documento, aparte de informar que no existe paro obrero en la localidad, se esboza, al reseñar las necesidades, el programa de actuación de los próximos gobiernos municipales, a saber,  aumento de la capacidad de aguas y construcción de nuevas fuentes, nuevo cementerio, urbanización de las calles del pueblo y construcción de una plaza de abastos. Este será el programa falangista de los próximos años en la localidad, aderezado con otros condimentos del régimen.